El incidente con el gas pimienta en pleno hemiciclo
Una sesión de control al Gobierno que apuntaba a transcurrir por los cauces habituales en el Congreso de los Diputados derivó en un episodio insólito cuando la diputada del Partido Popular Ana Belén Vázquez exhibió un aerosol de gas pimienta en el Congreso desde su escaño. El gesto, planificado para ilustrar las denuncias de su formación sobre la situación de inseguridad en Ceuta, pretendía escenificar de manera visual la desprotección que, a su juicio, padecen las mujeres y menores en la ciudad autónoma frente a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, la acción chocó de inmediato con la presidencia de la Cámara.
La presidenta de la institución, Francina Armengol, intervino tras el cara a cara con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir a la parlamentaria que abandonara el salón de plenos. Amparándose en el Reglamento de la Cámara, que prohíbe de manera expresa la tenencia de armas en el recinto y equipara los sprays de autodefensa con este tipo de objetos según la normativa vigente, Armengol apremió a la diputada a deponer su actitud y retirar el artilugio. Entre muestras de apoyo de su bancada, que se puso en pie salvo el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, la diputada abandonó finalmente el hemiciclo, dando inicio a una cadena de acontecimientos imprevistos.
Consecuencias sanitarias y precinto de espacios
Lo que inicialmente se percibió como un rifirrafe reglamentario se transformó rápidamente en una emergencia de salud pública dentro del complejo parlamentario. Minutos después de que el incidente acaparase los focos del debate político, los servicios de seguridad y mantenimiento detectaron un fuerte olor penetrante que obligó a precintar diversas dependencias, incluidos aseos y zonas de paso en las sedes próximas a la carrera de San Jerónimo.
La sustancia tóxica se había propagado a través de los conductos de ventilación, afectando a varias dependencias de trabajo y obligando a desalojar oficinas colindantes ocupadas por distintos grupos parlamentarios. El balance oficial confirmó que 12 personas requirieron asistencia médica por parte de los servicios sanitarios de la Cámara tras inhalar el compuesto irritante. Entre los afectados se encontraban una diplomática de una delegación extranjera de visita oficial en el Parlamento y una trabajadora de la hostelería interna que precisó la baja médica. Asimismo, zonas comunes como la cafetería principal sufrieron afectaciones directas que impidieron su normal funcionamiento durante el resto de la jornada.
La versión del PP y la manipulación del envase
Durante las horas posteriores al desalojo, la autoría de la dispersión del tóxico centró todas las pesquisas. Mientras la diputada sostenía públicamente que el bote de spray de defensa personal se encontraba completamente vacío en el momento de su exhibición parlamentaria, las indagaciones internas y las grabaciones de los medios de comunicación desmintieron dicha versión.
Fuentes del propio Partido Popular admitieron posteriormente que un veterano asesor del grupo había manipulado el envase tras la salida del pleno. Según la explicación ofrecida por el trabajador, la intención era limpiar el recipiente por precaución antes de entregarlo a las autoridades policiales, pero al accionarlo de manera involuntaria en dos ocasiones dentro de sendos aseos, se liberó el contenido residual que provocó la intoxicación masiva. Este reconocimiento contrastó con las versiones iniciales y alimentó la confusión sobre el manejo de sustancias prohibidas dentro del recinto institucional.
Repercusión política y dudas sobre posibles sanciones
El episodio generó un profundo desconcierto y malestar interno en las filas populares. Varios dirigentes reconocieron en privado el error estratégico de haber regalado al Gobierno una cortina de humo que eclipsó otros debates parlamentarios de calado político. Mientras la dirección nacional optó por cerrar filas y denunciar una supuesta exageración institucional para desviar la atención, los grupos de la oposición reclamaron responsabilidades.
Por su parte, los servicios jurídicos de la Cámara analizaron las vías reglamentarias para aplicar posibles sanciones a través de la Mesa. No obstante, las fuentes consultadas señalaron la dificultad de aplicar medidas disciplinarias adicionales mediante el artículo relativo al porte de armas, al considerar que la diputada se limitó a mostrar el objeto sin intención lesiva directa y que la presidencia ya agotó su potestad disciplinaria al ordenar su expulsión inmediata del hemiciclo durante la sesión de control del Gobierno. La Policía del Congreso elaboró un atestado para dilucidar el alcance exacto de las responsabilidades derivadas de este suceso sin precedentes.
