La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha manifestado un rechazo frontal al borrador del decreto de vivienda impulsado por el Gobierno, al considerar que la propuesta actual pactada con formaciones como Junts y el PNV carece de solidez y supone un auténtico freno para las necesidades de la mayoría social. Las críticas de la formación morada se producen en un contexto de alta tensión en el mercado inmobiliario español, donde diversas fuerzas políticas debaten sobre el alcance y la contundencia de las medidas legislativas necesarias para frenar la escalada de precios y garantizar el acceso a una vivienda digna, en la línea de otras demandas recientes en el arco parlamentario, como cuando Yolanda Díaz exige un real decreto contundente de vivienda frente a la presión de los grandes tenedores y los fondos de inversión.
Rechazo frontal al borrador del decreto de vivienda
Durante una intervención en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena Ser, Irene Montero calificó la propuesta gubernamental como un texto que «no hay por dónde cogerla». A su juicio, el Ejecutivo ha priorizado el entendimiento con Junts y el PNV antes que atender las demandas de los sectores sociales más afectados por la crisis habitacional. La dirigente de Podemos ha criticado duramente esta vía de negociación, tildándola de «trágala a la mayoría social que quiere que se acabe el negocio de la vivienda», y ha advertido de que los acuerdos parlamentarios deben orientarse a limitar la especulación y no a contentar a los rentistas.
Asimismo, la formación ha recordado que este borrador mantiene grandes similitudes con el documento que el Ejecutivo ya presentó el pasado mes de julio, del cual se eliminó la denominada ley del suelo. Para Podemos, reeditar esta estrategia legislativa sin modificaciones sustanciales representa una falta de respeto hacia los movimientos ciudadanos y las protestas que se han venido sucediendo en las calles del país. Montero señaló que era una norma que el Gobierno ya sabía que no contaría con el respaldo necesario antes incluso de que se produjeran episodios recientes de conflictividad habitacional en las grandes ciudades.
Las medidas estructurales exigidas por la formación
Frente al contenido actual de la norma, Podemos ha puesto sobre la mesa una batería de exigencias de calado económico y social. Entre las prioridades reclamadas por la eurodiputada figuran la bajada generalizada de los precios del alquiler, la expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre, la prohibición expresa de la venta de viviendas con fines meramente especulativos y el veto definitivo a los desahucios que no cuenten previamente con una alternativa habitacional garantizada para las familias afectadas.
Estas propuestas contrastan abiertamente con el enfoque adoptado en las negociaciones bilaterales con los socios parlamentarios tradicionales del Gobierno, evidenciando una profunda fractura en el bloque de investidura sobre cómo abordar de forma efectiva la burbuja del alquiler y la protección de los inquilinos más vulnerables frente a las subidas continuas de las rentas.
Advertencia sobre la viabilidad parlamentaria del texto
En el plano estrictamente legislativo, Irene Montero ha lanzado una advertencia directa al Ejecutivo central al señalar que, si no se integran medidas de carácter estructural que conciten un respaldo social amplio, el decreto «nacerá muerto» en el Congreso de los Diputados. La formación ha cuestionado los argumentos del Gobierno relativos a las dificultades de las mayorías parlamentarias para aprobar avances de esta naturaleza, arremetiendo contra el PSOE por demorar las soluciones y trasladar la culpa a los grupos que no logran consensos.
Finalmente, Podemos ha retado al Gobierno a presentar un real decreto dotado de auténticas medidas estructurales para comprobar públicamente qué formaciones políticas estarían dispuestas a tumbarlo en la Cámara Baja, endureciendo así su pulso político en materia inmobiliaria y exigiendo un giro copernicano en la política de vivienda estatal.
