Inicio de los abonos de la Agencia Tributaria en Ceuta
La Agencia Tributaria tiene previsto comenzar a abonar a partir del martes, 6 de octubre, las ayudas directas empresas Ceuta aprobadas por el Gobierno central para mitigar el impacto económico derivado de la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio. Esta medida forma parte de una estrategia integral de apoyo económico y social articulada por el Ejecutivo para respaldar al tejido productivo local frente a las turbulencias generadas en su actividad comercial y de servicios.
Según la información facilitada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, más de 1.200 solicitudes han sido presentadas por profesionales y sociedades mercantiles que operan en el territorio. El plazo para tramitar estas peticiones a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria se abrió el pasado 14 de septiembre, cumpliendo así con el calendario previsto por el Consejo de Ministros en el real decreto-ley de apoyo a la ciudad.
Como antecedente a este despliegue institucional, diversos sectores sociales han mostrado su preocupación en el ámbito peninsular, reflejado en convocatorias ciudadanas como la marcha por la dignidad en apoyo a Ceuta celebrada en Madrid para exigir medidas adicionales y visibilizar la situación socioeconómica de la región.
Cuantías, beneficiarios y requisitos del fondo
El fondo de ayudas directas Ceuta cuenta con una dotación inicial de 36,6 millones de euros gestionados directamente por la Agencia Tributaria. El diseño de las compensaciones establece importes fijos para el colectivo de autónomos, que percibirán 5.000 euros, mientras que las sociedades mercantiles accederán a cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, calculadas en función del volumen de su facturación anual.
Las estimaciones gubernamentales apuntan a que esta línea de soporte económico podría alcanzar de manera potencial a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas de la ciudad autónoma. Para agilizar la recepción de los fondos y evitar cargas burocráticas excesivas a los beneficiarios, el procedimiento se ha simplificado al máximo: los solicitantes únicamente deben facilitar el código de su cuenta bancaria para que se efectúe la transferencia.
Asimismo, desde el punto de vista tributario y financiero, el Ejecutivo ha establecido que estas subvenciones directas se encuentran completamente exentas de tributación y tienen la condición de inembargables, protegiendo así la liquidez inmediata de los negocios en dificultades.
Apoyo al comercio, financiación y nuevas ventajas fiscales
Las ayudas autónomos Ceuta y los pagos del fisco se enmarcan en un real decreto-ley más amplio aprobado a principios de septiembre por el Consejo de Ministros, dotado con 309 millones de euros para lo que resta de año en materias de servicios esenciales, seguridad, atención humanitaria y reactivación económica.
Dentro de este paquete global, se han reservado 80 millones de euros para el respaldo empresarial. A los 36,6 millones del fondo gestionado por la Agencia Tributaria se añaden otros 16 millones específicos destinados a potenciar el comercio, el turismo, la restauración y los procesos de internacionalización de las empresas ceutíes. En paralelo, para garantizar la liquidez a medio plazo, se ha activado una línea de avales por valor de 50 millones de euros respaldada por el Estado y gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Medidas fiscales permanentes en el ámbito local
El decreto también introduce modificaciones de carácter fiscal dirigidas a consolidar la competitividad económica de la ciudad. Entre ellas destaca el incremento permanente de la bonificación en el Impuesto de Sociedades, que pasa del 50% al 60% para aquellas entidades que mantengan su residencia, actividad y puestos de trabajo tanto en Ceuta como en Melilla.
Por su parte, los autónomos se benefician de incentivos mejorados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con mayores facilidades para la deducción de gastos de difícil justificación y provisiones. Según los cálculos oficiales, este conjunto de ventajas fiscales se traduce en un ahorro estimado de 12 millones de euros anuales para el tejido económico de cada una de las dos ciudades autónomas.
