El cambio legal de la inteligencia artificial en las empresas
La inteligencia artificial ha dejado de ser una simple herramienta de productividad en el entorno corporativo para convertirse en una exigencia estricta de cumplimiento normativo. Con la aplicación de una parte central del reglamento europeo de inteligencia artificial, las compañías se enfrentan a un escenario donde el uso de sistemas automatizados trasciende el ámbito puramente técnico para adquirir plena relevancia jurídica, según explican expertos legales como Raúl Florido, abogado especializado en protección de datos y nuevas tecnologías de Sarabia Tax & Legal.
Este proceso normativo se despliega de forma progresiva. La fecha del 2 de agosto marcó un hito fundamental al activar de manera general el régimen sancionador y las obligaciones de transparencia frente a clientes y empleados. Para los negocios, esto implica una revisión exhaustiva de qué herramientas tecnológicas se emplean y con qué propósitos específicos operan dentro de la organización.
A quién afecta: más allá del sector tecnológico
Uno de los errores más frecuentes en el tejido empresarial es asumir que esta normativa está dirigida en exclusiva a las grandes corporaciones del sector tecnológico. Lejos de esta percepción, el reglamento europeo de inteligencia artificial concierne de igual manera a cualquier entidad que utilice sistemas basados en esta tecnología, con independencia de su tamaño o de si ha participado en su desarrollo.
Cualquier negocio que integre un asistente automatizado para redactar textos, un chatbot para la atención al cliente o un software informático de apoyo en los procesos de selección de personal queda plenamente sometido al alcance de la norma. Tanto las microempresas como las grandes firmas deben cumplir con las nuevas directrices si incorporan estas soluciones en su operativa cotidiana. La normativa abarca tanto a quienes desarrollan los sistemas como a quienes simplemente hacen uso de ellos en su día a día.
Riesgos, formación y obligaciones de transparencia
El marco normativo establece una clasificación fundamentada en el nivel de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial. Mientras que existen usos directamente prohibidos y herramientas de riesgo elevado sometidas a controles severos, la gran mayoría de las aplicaciones habituales se sitúan en categorías de riesgo limitado o mínimo. Sin embargo, áreas clave como los Recursos Humanos pueden catalogarse como de alto riesgo, requiriendo un escrutinio mayor incluso cuando la validación final corresponda a una persona física.
Asimismo, la normativa exige un nivel adecuado de formación interna para los equipos de trabajo. Quienes operan o supervisan estas herramientas tecnológicas deben disponer de conocimientos suficientes acerca de su funcionamiento, potencialidades y riesgos inherentes. Esta directriz, exigible desde principios de 2025, no demanda necesariamente títulos oficiales, sino una preparación proporcional al uso empresarial que pueda acreditarse adecuadamente ante posibles auditorías o inspecciones corporativas.
En materia de transparencia, la regulación impone que cualquier persona que interactúe con un sistema automatizado sea informada de dicha circunstancia. Por tanto, las empresas que utilicen asistentes virtuales o centralitas inteligentes deben clarificar que el interlocutor no es un humano, una directriz aplicable también a determinados contenidos generados de forma sintética que deban identificarse claramente como tales ante el público.
Calendario de aplicación y plazos previstos
El desarrollo normativo contempla un calendario estricto, aunque se han introducido ajustes recientes en el ámbito legislativo. El denominado Ómnibus Digital, impulsado por el Parlamento y el Consejo europeo, contempla un aplazamiento que sitúa en diciembre de 2027 la fecha tope para cumplir con las exigencias asociadas a los sistemas considerados de alto riesgo. No obstante, las obligaciones relativas a la transparencia, las prácticas prohibidas y la formación interna mantienen su vigencia y plazos originales sin modificaciones.
En España, las funciones de supervisión y control recaen directamente sobre la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El régimen sancionador contempla multas económicas muy elevadas en los casos más graves, calculadas habitualmente a partir de un porcentaje sobre la cifra de negocio global de la compañía infractora. Ante este panorama normativo, los expertos aconsejan anticiparse a los plazos legales para ordenar el uso de los sistemas automatizados y evitar así contingencias legales futuras.
