La escalada de la tensión internacional provocada por la guerra en Irán está sacudiendo con fuerza el tejido económico nacional. En este contexto, el sector del ladrillo y la obra civil afronta un escenario de máxima presión financiera tras confirmarse que el conflicto geopolítico ha incrementado hasta un 34% el coste materiales construccion guerra iran, afectando de lleno a la planificación presupuestaria de las empresas. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha alertado públicamente de que los sobrecostes amenazan seriamente la viabilidad de numerosos proyectos de edificación e infraestructuras, reclamando la adopción inmediata de medidas excepcionales que salvaguarden la continuidad de la actividad.
Este fenómeno económico generalizado contrasta en parte con cómo empresas españolas notan menos impacto del conflicto en Irán en la demanda y la inversión dentro de otros sectores comerciales e industriales menos dependientes de las materias primas energéticas y del transporte marítimo internacional. Sin embargo, para los contratistas de obras, las repercusiones de la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz son directas e inevitables.
El encarecimiento récord de los materiales por la crisis en Oriente Medio
El detonante principal de esta crisis de suministros se remonta a las consecuencias derivadas del conflicto bélico iniciado en febrero del año pasado por Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Según el último informe elaborado por el Servicio de Estudios de ANCI, los Índices de Precios de Materiales de Construcción reflejan una subida interanual desbocada entre enero y agosto de este año. En concreto, los elementos bituminosos y la partida correspondiente a la energía han experimentado repuntes del 33% y del 34%, respectivamente.
Los analistas de la asociación empresarial señalan que la persistencia de la incertidumbre geopolítica en la zona dificulta de forma notable el tránsito seguro de materias primas. Esta situación mantiene elevados los precios internacionales del gas natural licuado (GNL) y del petróleo, lo que repercute de manera directa en el mercado eléctrico y encarece los costes de producción de los insumos básicos de obra. Asimismo, el informe advierte sobre un factor limitante añadido a escala global: la escasez de capacidad de refino, un problema que encarece de forma transversal los productos derivados del petróleo, incluidos los combustibles y los betunes imprescindibles para la pavimentación.
Subidas generalizadas en aluminio, acero, cobre y cerámica
El impacto inflacionista no se limita exclusivamente a la energía y a los derivados del petróleo. Los mayores costes logísticos y de producción se han trasladado de manera progresiva a toda la cadena de suministro, afectando a componentes esenciales para cualquier edificación. De este modo, las estadísticas sectoriales recopiladas por las constructoras no cotizadas constatan incrementos generalizados en un amplio abanico de materias primas.
Entre los materiales que registran variaciones más acusadas destaca el aluminio, que se ha encarecido un 19%. Muy de cerca le sigue el acero corrugado, pilar fundamental de las estructuras de hormigón armado, que acumula una subida del 18%. Por su parte, los materiales cerámicos experimentan un incremento del 12%, mientras que el cobre se anota una subida del 11%. A estos factores de índole estrictamente material se suma un nuevo elemento de presión a corto plazo: la evolución general de los precios en el país. La inflación nacional ha duplicado su valor desde el estallido del conflicto bélico, situándose en septiembre en el 4,9%, un repunte que ANCI prevé que termine repercutiendo de forma inminente en los costes salariales y de la mano de obra.
Amenaza directa a los contratos públicos y obras de carreteras
El fuerte desajuste entre los presupuestos iniciales de licitación y la realidad inflacionista actual coloca a las empresas adjudicatarias en una situación crítica. Desde la patronal constructora se incide en que los sobrecostes están castigando a la totalidad de las obras, pero con especial crudeza a las intervenciones en carreteras, donde el incremento medio de los gastos se sitúa en el 11%.
Esta cifra asciende hasta el 20% en aquellos trabajos específicos centrados en la renovación, mejora o rehabilitación de firmes. Aquellas adjudicaciones públicas formalizadas con tarifas anteriores al estallido de la crisis internacional y que carecen de mecanismos ordinarios de revisión de precios se enfrentan, por tanto, a un riesgo muy elevado de ruptura del equilibrio económico contractual. Ante este panorama, ANCI insiste en la necesidad de articular fórmulas urgentes y extraordinarias similares a las implementadas durante la crisis inflacionista de 2021-2022 para evitar la parálisis de la obra civil y garantizar la viabilidad de los operadores del sector.
