La conexión inmobiliaria destapada por la Guardia Civil
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha permitido certificar un nexo inmobiliario de gran relevancia en el marco de las pesquisas sobre corrupción y tramas de influencia en Madrid. Según la declaración de una testigo clave, dos hermanas pertenecientes a una misma familia madrileña arrendaron por separado sendas propiedades: una de ellas al entramado político e institucional vinculado al piso cloaca PSOE testaferro Zapatero, y la otra a Julio Martínez, señalado en diversos sumarios como presunto hombre de paja del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta revelación policial aporta una nueva línea de análisis sobre la infraestructura logística empleada por los implicados en las operaciones bajo sospecha. La coincidencia de que una misma familia figure como propietaria de ambos inmuebles refuerza el escrutinio de los investigadores sobre los círculos de confianza, los contratos de alquiler opacos y el uso de sociedades interpuestas para gestionar espacios discretos en puntos estratégicos de la capital.
El piso de la calle Diego de León y la reunión investigada
El primer inmueble objeto de la certificación policial se encuentra ubicado en la céntrica calle Diego de León de Madrid. Este emplazamiento coincide de manera exacta con el escenario señalado por la magistrada Beatriz Biedma en su escrito de personación, donde sitúa la reunión celebrada en septiembre de 2024 por varios de los principales investigados en la causa para tratar de neutralizar el procedimiento judicial abierto en torno al caso de David Sánchez.
La propietaria de este piso, identificada en las diligencias como María José de la Huerta Rojo, declaró ante los agentes que ostentaba la titularidad desde enero de 2023, aunque a finales de ese mismo año decidió donar la nuda propiedad a sus dos hijas. El 30 de diciembre de 2023, el inmueble fue alquilado a la sociedad Allies & Altera SL, una firma que figuraba representada oficialmente por Vicente Fernández Guerrero, quien fuera en su etapa anterior presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El contrato de arrendamiento se prolongó formalmente hasta el 31 de diciembre de 2024, abarcando de este modo el periodo en el que se produjo la mencionada cumbre de la trama. Según explicó la arrendadora a la Guardia Civil, el argumento que le trasladaron para justificar el alquiler fue la implantación de un despacho de abogados con vistas a una futura fusión con una firma sevillana, una integración que nunca llegó a materializarse y que sirvió de coartada para rescindir el acuerdo.
Indicios de escasa actividad en el inmueble
La operativa en torno a esta vivienda despertó sospechas desde el principio debido a la discrepancia entre el uso declarado y la realidad observada en el edificio. La propietaria detalló que el conserje de la finca le advirtió en repetidas ocasiones que en el piso no había mucha actividad, un indicio que encaja con el funcionamiento de un espacio reservado para encuentros puntuales y discretos en lugar de una oficina operativa con personal y afluencia diaria.
En cuanto al plano financiero, la renta mensual fijada ascendía a 2.958 euros. Los abonos mensuales se efectuaron de manera regular mediante transferencia bancaria, procedentes inicialmente de una cuenta particular de Vicente Fernández Guerrero y, a partir de mayo de 2024, directamente desde los fondos de la sociedad mercantil arrendataria. Asimismo, la testigo aclaró que sus gestiones cotidianas no las despachaba con el ex alto cargo, a quien apenas vio en un par de ocasiones, sino con una colaboradora identificada como María Jesús Garrido, vinculada profesionalmente al sector legal.
El vínculo con el presunto testaferro de Zapatero
El hilo conductor de la investigación condujo a un segundo contrato inmobiliario desvelado de forma incidental durante la misma declaración testifical. Al ser interrogada por los agentes acerca de si su núcleo familiar gestionaba otros arrendamientos de perfiles similares, la propietaria reconoció que su hermana había alquilado otro piso en Madrid a Julio Martínez Martínez, conocido en el ámbito político como Julito y vinculado públicamente, según los informes periodísticos y judiciales, con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Este segundo inmueble permaneció arrendado a nombre de Martínez durante un lustro, extinguiéndose el contrato de forma paralela al cierre del alquiler de la calle Diego de León. La coincidencia temporal y familiar adquiere una dimensión mayor al recordar que el propio Julio Martínez reconoció ante la Audiencia Nacional su desempeño como hombre de paja del expresidente en las gestiones vinculadas al controvertido rescate público de la aerolínea venezolana Plus Ultra ejecutado en el año 2021, aunque su declaración judicial evitó profundizar en los detalles de las comisiones o los intermediarios políticos implicados.
