Nuevos supuestos de incapacidad temporal aprobados por el Gobierno
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto-ley que introduce la incapacidad temporal menopausia y violencia machista, ampliando de este modo la cobertura y la protección social para las trabajadoras. Esta medida se enmarca dentro de un paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo que busca desbloquear diversas iniciativas sociales pendientes en el ámbito de la Seguridad Social, según se detalla en las informaciones difundidas por El País.
La aprobación de estas nuevas situaciones se produce en un contexto de precampaña electoral de cara a las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, lo que ha generado distintas valoraciones sobre su tramitación y calendario político institucional. Mientras que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se defiende que el texto es el resultado de meses de trabajo y diálogo social, fuentes periodísticas y analistas económicos recuerdan que gran parte de estas normativas no contaban con un acuerdo definitivo con los agentes sociales, tal y como señala El Mundo en su cobertura sobre el rescate de ayudas y prestaciones atascadas en la mesa de negociación.
Cobertura y protección desde el primer día
Uno de los aspectos clave de esta normativa es la forma en que se estructuran las prestaciones económicas asociadas a estos nuevos supuestos dentro del sistema público. De acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, las situaciones relativas a patologías derivadas de la menopausia por causas no naturales y a lesiones provocadas por violencia machista contarán con un nivel de protección superior al de la incapacidad temporal ordinaria derivada de contingencias comunes.
En concreto, la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas nuevas bajas se asimilarán a los accidentes de trabajo y a las contingencias profesionales. Esto se traduce en que la cobertura económica y los derechos asociados disfrutarán de mejores condiciones desde el día siguiente a la baja, un enfoque normativo que la administración ya había aplicado de manera excepcional en situaciones de catástrofes anteriores, como la dana acaecida en Valencia.
Un paquete amplio de medidas sociales en el Consejo de Ministros
El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros no se limita exclusivamente a las bajas médicas y a la incapacidad temporal menopausia y violencia machista, sino que agrupa un conjunto amplio de mejoras en el sistema de prestaciones públicas que llevaban meses pendientes de tramitación. Entre las medidas más destacadas figura la ampliación del derecho a la pensión de viudedad para aquellas parejas con hijos que no formalizaron su relación mediante matrimonio o inscripción formal como pareja de hecho. Esta disposición abre un cauce para que tanto futuros beneficiarios como casos anteriores puedan solicitar la prestación acreditando un periodo de convivencia estable y notoria de al menos dos años ininterrumpidos anterior a la solicitud.
No obstante, la tramitación de este paquete normativo no ha estado exenta de debate político e institucional. Desde medios de opinión y sectores económicos, como se refleja en análisis publicados por El Español, se critica el calendario de aprobación de estas medidas a pocas semanas de la cita con las urnas, señalando la coincidencia de estos anuncios con los denominados ‘martes sociales’ del Ejecutivo y advirtiendo sobre el uso de decretos-leyes que deberán ser convalidados en la Diputación Permanente de las Cortes.
El texto normativo también incorpora otras modificaciones relevantes orientadas a reforzar la red de protección social, tales como el incremento de determinadas pensiones extraordinarias destinadas a víctimas del terrorismo y a huérfanos por violencia machista. Asimismo, se contempla la subida de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasan de 100 a 300 euros mensuales, una mejora que las instituciones y los tribunales ya habían reclamado siguiendo las recomendaciones previas del Tribunal de Cuentas. El conjunto de estas reformas legislativas deberá afrontar ahora su preceptiva convalidación parlamentaria en los plazos legalmente establecidos por el ordenamiento jurídico vigente.
